Rajoy activa el 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Ejecutivo solicitará al presidente catalán, Carles Puigdemont, un requerimiento para que explique si ha declarado la independencia.  El paso previo para la activación del artículo 155.

«Comparezco para informarles de la decisión. Les adelanto la posición del Gobierno porque el compromiso de claridad es importante por la confusión generada por los acontecimientos de ayer en Cataluña. El Gobierno español va a requerir al Gobierno de Cataluña para que aclare si ha declarado o no la independencia al margen de la deliberada confusión creada para su entrada en vigor», ha dicho Rajoy, en una declaración institucional en La Moncloa, tras la reunión, este miércoles, de un Consejo de Ministros extraordinario para responder a la independencia declarada, y luego suspendida, en Cataluña. El presidente no ha avanzado qué plazo da a Puigdemont para atender a esa petición.

Rajoy ha explicado que este requerimiento es  «previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución» y que su intención es «ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia».

«Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa», ha insistido.

«En la respuesta que el president de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días», ha avanzado Rajoy, que ha añadido que si Puigdemont «manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional se pondría fin a un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia».

«Eso es lo que todos quieren y esperan, lo que se le ha venido reclamando con insistencia. Es urgente poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña, es preciso que vuelvan la tranquilidad, la seguridad y el sosiego y que lo hagan a la mayor brevedad posible», ha confiado.

El presidente ha explicado que «Puigdemont también tiene la oportunidad de atender al clamor y a las peticiones que desde tantos ámbitos se le han hecho llegar para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica en Cataluña». En caso contrario, se seguirá adelante con el mecanismo previsto en la Constitución.

En las últimas horas, Rajoy ha estado en contacto con los principales partidos políticos-con Pedro Sánchez se reunió ayer en Moncloa y con Albert Rivera conversó esta mañana por teléfono- porque quiere el «máximo consenso» ante los pasos que se vayan a dar. En fuentes del Gobierno se asegura que ambos «están informados», aunque declinan afirmar si eso implica estar de acuerdo.

Qué dice el 155

El artículo 155 de la Constitución señala que el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, «podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Si Puigdemont no atiende lo que se le exige o no responde, es cuando el Ejecutivo puede recurrir al Senado para obtener su autorización para aplicar medidas. El 155 no apunta cuáles tienen que ser; añade únicamente que el Ejecutivo podrá «dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas» para ejecutarlas.

Las mismas fuentes señalan que lo que se decida aplicar en Cataluña también será aprobado en Consejo de Ministros, pero tampoco hay ninguna precisión constitucional de que tenga que ser así. En cualquier caso, el Gobierno deberá entregar al presidente del Senado un escrito «en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta».

A partir de entonces, la Mesa del Senado entregaría el escrito del Gobierno a la Comisión General de Comunidades Autónomas para que se encargue del estudio y debate de lo que se plantea o creará una comisión con miembros de varias de ellas si cree que son más de una las afectadas por el asunto.

El artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, no indica ningún plazo para llevar adelante los trámites, pero fuentes del Ejecutivo han mantenido siempre que podría ser rápido, de unos días. La Comisión General requerirá después a Puigdemont que presente los datos y alegaciones que considere oportunos y que designe, si lo ve conveniente, a un representante para que acuda a defender su posición al Senado.

Esta Comisión tiene la peculiaridad de que en ella pueden participar los gobiernos autonómicos y también el Ejecutivo, por lo que no se descarta que, si se convoca, los Ejecutivo regionales quieran aprovechar este foro para participar en el debate.

El Reglamento establece a continuación que en la Comisión se formulará una «propuesta razonada sobre si procede o no» aprobar lo que el Gobierno le solicita y que enviará la iniciativa al Pleno, donde tendrá que ser de nuevo debatida y aprobada por mayoría absoluta.